La expulsión es una de las sanciones más graves dentro de la legislación de extranjería. Por un lado, comporta la extinción de cualquier autorización de residencia de la que sea titular el extranjero, así como el archivo de cualquier procedimiento de solicitud de una autorización de residencia y/o trabajo en España; y por otro lado, conlleva la prohibición de entrada tanto en España como en el resto de espacio Schengen.
- Realizar conductas tipificadas como infracciones muy graves según ley.
- Encontrarse irregularmente en territorio español.
- Encontrarse trabajando en España sin autorización de trabajo.
- Incumplir con la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios que afecten a la nacionalidad, estado civil o domicilio, o falsear datos en el Padrón Municipal.
- Incumplir las medidas impuestas por razón de seguridad pública.
- Participar en actividades contrarias al orden público.
- Haber sido condenado dentro o fuera de España por delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año.
La resolución administrativa que impone al extranjero la sanción de expulsión del territorio español debe estar motivada, debe respetar el principio de proporcionalidad, y además por razones obvias, debe tener en cuenta el interés superior del menor.
En otras palabras, significa que la administración no puede actuar arbitrariamente y queda obligada a fundamentar los hechos y la calificación jurídica de los mismos, siendo necesario a tales efectos que identifique los elementos negativos en los que basa su decisión, así como los criterios que han sido utilizados para adecuar la sanción impuesta a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción. Nos referimos concretamente a la valoración de aspectos tan importantes como es: el grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad, a la continuidad o persistencia en la conducta infractora, a la naturaleza de los perjuicios causados, y a la reincidencia en la comisión de una infracción de la misma naturaleza dentro de un corto período de tiempo.
Dice la ley que no procede la expulsión (salvo que la infracción cometida sea contraria al orden público, seguridad nacional o suponga reincidencia) en los siguientes casos:
- Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
- El residente de larga duración.
- Los que hayan sido españoles de origen y hubieren perdido la nacionalidad española.
- Los que sean beneficiarios de una prestación de incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional ocurridos en España, de una prestación contributiva por desempleo, o de una prestación económica asistencial pública destinada a la inserción social o laboral.
- El cónyuge del extranjero, así como sus ascendientes e hijos menores o mayores con discapacidad que estén a su cargo, que hayan residido legalmente en España durante más de 2 años, y se encuentren en alguna de las situaciones anteriormente descritas.
- La mujer embarazada con riesgo para la gestación o su propia salud.
- El solicitante de protección internacional.
